Introducción. Cartografía de la crisis y la persistencia

            Bolivia atraviesa un momento de profunda reconfiguración política que trasciende la disputa electoral entre facciones del MAS[1] o entre el oficialismo y la oposición tradicional. Mientras las maquinarias partidarias concentran la atención mediática, diversos territorios del país experimentan transformaciones que raramente aparecen en los análisis políticos convencionales: comunidades que enfrentan la contaminación de sus fuentes de agua, juventudes que navegan entre la precarización laboral y nuevas formas de violencia, organizaciones que buscan redefinir sus horizontes políticos después de dos décadas de cambios institucionales que prometieron su inclusión.

            El Centro de Estudios Populares (CEESP) ha realizado un esfuerzo de escucha activa con dirigentes, dirigentas, autoridades originarias y líderes de base que, desde diversas trayectorias organizativas, han mantenido posturas críticas tanto hacia el estado como hacia los partidos políticos dominantes.

            Estas conversaciones, realizadas en el segundo trimestre de 2025, no responden a una muestra aleatoria sino a la búsqueda deliberada de voces que han asumido actitudes contestatarias, explorando y reconstruyendo caminos propios de organización política. Se trata de dirigentes, autoridades y líderes que durante años han enfrentado múltiples formas de silenciamiento. Muchos de ellos cuando critican al gobierno han sido acusados de ser “de derecha”, cuando cuestionan a la oposición son tachados de “masistas”. Esta polarización binaria ha operado como un mecanismo efectivo para impedir que los problemas reales de las comunidades lleguen al debate público.

            Entre las voces que componen este conjunto de voces críticas están Felicidad López Romero, Capitana Grande guaraní que desde Bermejo narra la insostenibilidad del trabajo dirigencial; Nelly Romero, arakuaiya guaraní que cuestiona la distinción entre representación legal y legítima; Samuel Flores Cruz, ex curaca Qhara Qhara que ha llevado al estado boliviano ante instancias internacionales por vulneración de derechos territoriales; René Vargas Llaveca, dirigente Yampara que documenta los obstáculos a la autonomía indígena; Saúl Carayuri, capitán guaraní que desde los barrios periurbanos de Santa Cruz describe la pérdida de horizontes juveniles; Nelvi Aguilar, dirigente del Valle Alto cochabambino que testimonia sobre la pérdida del proyecto de autogobierno y la violencia patriarcal de las organizaciones; Eva Colque, mujer aymara que desde el altiplano narra las paradojas entre las presiones territoriales y la construcción de nuevas formas de organización y autodeterminación; y Marcela Quisbert Pilco, de la organización Tupak Katari de Zongo, que vive en carne propia la criminalización de la defensa territorial.

            Lo que emerge de estos testimonios es un panorama complejo de crisis superpuestas —económica, organizativa, territorial, ambiental, generacional— pero también de búsquedas y experimentaciones políticas que no se agotan en la lógica electoral. Las organizaciones que protagonizaron las luchas de inicios del siglo XXI enfrentan hoy dilemas profundos: fragmentación interna, disputas por la legitimidad de las dirigencias, tensiones entre las formas de representación “legal” reconocidas por el estado y las formas “legítimas” ancladas en el reconocimiento de las bases. El proyecto del estado plurinacional, surgido en gran medida de las luchas de estas organizaciones, presenta hoy contradicciones evidentes entre sus promesas y las prácticas estatales concretas.

            Este proceso de erosión organizativa no puede leerse de manera unilateral. Si bien varios testimonios señalan estrategias deliberadas de fragmentación desde el estado y los partidos políticos, también revelan dinámicas internas de las propias organizaciones —disputas de poder, diferencias generacionales, transformaciones demográficas como la doble residencia— que complejizan cualquier narrativa simple sobre cooptación o resistencia. La relación entre organizaciones sociales y estado aparece como un campo de negociaciones, confrontaciones y acomodamientos que varía según territorios, coyunturas y correlaciones de fuerza específicas.

            En este contexto, emergen también intentos de recomposición que merecen atención. Comunidades que reorientan sus presupuestos hacia la gestión del agua ante la crisis climática, mujeres que disputan espacios de decisión en organizaciones patriarcales, jóvenes que buscan alternativas entre la migración forzada y la permanencia precaria en sus territorios. Estas experiencias, aunque fragmentarias y localizadas, plantean preguntas relevantes sobre las posibilidades de construcción política más allá de los marcos institucionales existentes.

            Este artículo no pretende ofrecer respuestas definitivas sobre el futuro político boliviano. Su propósito es exponer y analizar las tensiones, contradicciones y búsquedas que caracterizan este momento de transición, amplificando voces que han sido marginadas por una polarización política que, según varios testimonios, opera más como mecanismo de exclusión que como expresión de proyectos políticos diferenciados. Al hacerlo, busca contribuir a una comprensión más matizada de la crisis boliviana, que reconozca tanto los límites de los proyectos hegemónicos como las dificultades para articular alternativas viables.

            En las páginas que siguen se despliega un collage de intervenciones que, en su potencia testimonial, producen sentidos complejos sobre el momento boliviano actual. Hemos organizado estas voces en torno a cuatro ejes temáticos: la fragmentación organizativa que erosiona las bases sociales; las disputas territoriales entre autonomías prometidas y extractivismo real; la trampa de una polarización política que excluye; y las resistencias cotidianas que persisten en los márgenes. No pretendemos imponer una lectura única sino tejer continuidades entre testimonios diversos, incluso contradictorios, que en su conjunto revelan la complejidad del momento actual. Para quienes deseen acceder a las entrevistas completas, estas se encuentran disponibles en línea, en la página web de la revista[2].

            El momento de publicación de este texto coincide con un período de intensa actividad electoral que absorbe gran parte de la energía política nacional. Sin embargo, lo que estos testimonios sugieren es que las transformaciones más significativas podrían estar gestándose en otros espacios y temporalidades: en las decisiones cotidianas de las comunidades sobre sus recursos, en las estrategias de supervivencia de las familias, en los intentos —exitosos o frustrados— de reconstituir tejidos organizativos autónomos. Reconocer estas dinámicas, sin idealizarlas ni minimizar sus contradicciones, es esencial para comprender la complejidad del momento actual. En las páginas que siguen, se despliega un tejido de múltiples voces a partir del relato de lxs entrevistadxs.    

Fragmentación, desorganización y desorientación

            En algún lugar del campo paceño, una comunidad convoca a asamblea. Pero no es una asamblea cualquiera: hay dos mesas directivas, dos listas de asistencia, dos agendas. Una autoridad responde al gobierno de turno, la otra dice representar al pueblo. Los comunarios, cansados de esta duplicidad, asisten a medias o prefieren quedarse en sus casas. Esta escena, que Marcela Quisbert Pilco de la organización Tupak Katari de Zongo describe con dolor, se repite con variaciones por todo el territorio boliviano. “Hay dos autoridades en una misma comunidad. Antes solo era una, ahora hay dos autoridades: una que favorece al gobierno y otra que es del pueblo. Ya hay dos cabezas dentro de una comunidad, y esas cosas llevan al divisionismo del lugar”[3].

            La fragmentación que describe Marcela no es un fenómeno nuevo ni exclusivo del período reciente, aunque varios testimonios coinciden en señalar una intensificación desde 2012. René Vargas Llaveca, dirigente de la Nación Indígena Originaria Yampara,[4] identifica ese año como un punto de inflexión: “Desde 2012 el gobierno del MAS, en la gestión de Morales, ha empezado a dividir a estos pueblos ancestrales con fines políticos, ya que el CONAMAQ[5] reclamaba por el cumplimiento de los derechos que están en la Constitución”. Según su relato, la respuesta gubernamental fue crear fracciones paralelas: “Una fracción afín al Movimiento al Socialismo, afín a Evo Morales, y otra fracción que se quedó de forma orgánica defendiendo los derechos”.

            El proceso no se detuvo ahí. René continúa: “Han llegado a dividirse en cinco o seis grupos representando al CONAMAQ. Actualmente mantienen tres o cuatro grupos, dos afines a Arce, afines a Evo Morales. Algunos dicen que son orgánicos”. Esta multiplicación de dirigencias genera un escenario donde el estado puede elegir con qué fracción negociar según la conveniencia del momento, mientras las bases quedan cada vez más alejadas de los espacios de decisión.

            Sin embargo, la fragmentación no puede atribuirse únicamente a estrategias estatales. Eva Colque, mujer aymara que trabaja con la Fundación Nuna[6], señala transformaciones estructurales que complejizan el panorama: “Ya no es como antes; las cabezas de las organizaciones son residentes[7], y eso limita avanzar en procesos: están solo un año y se fragmenta la gestión”. Esta dinámica de la doble residencia —un pie en la ciudad, otro en la comunidad— facilita la articulación con lógicas partidarias urbanas mientras debilita los procesos organizativos locales. No es solo imposición externa sino también resultado de estrategias familiares de supervivencia y movilidad social.

            La distinción entre representación “legal” y “legítima” que introduce Nelly Romero, arakuaiya[8], ex mburubicha[9] guaraní y ex vicepresidenta de la CIDOB[10], ofrece una perspectiva para entender esta crisis: “Hay varios dirigentes que se hacen pasar, que dicen ‘yo soy el representante legal’. Es otro error grande que cometen los que supuestamente nos representan, cuando ellos deben tener una representación legítima”. Para Nelly, “el legalismo está afuera para nosotros. Al utilizar esa palabra, nos debilita nuestra existencia y nos invisibilizan”. Su análisis sugiere que la legitimidad emerge del reconocimiento de las bases, mientras la legalidad puede ser otorgada externamente: “Si hay legitimidad, es el pueblo que lo ha elegido. Si hay legalidad es que de afuera le dijeron ‘vos conduces'”.

            Esta tensión entre legitimidad y legalidad tiene consecuencias materiales concretas. Felicidad López, Capitana Grande de la APG[11] zona Bermejo, lo expresa desde su experiencia cotidiana: “A nivel de la zona vamos con mucha debilidad. Esperan que los hermanos que estamos en el directorio hagamos mucho, luchamos y luchamos, otros se van quedando, se van saliendo porque es insostenible”. La fragmentación significa que los dirigentes deben poner “tiempo y […] plata”, sostenidos más por “amor a la organización, a nuestras raíces” que por estructuras organizativas sólidas o recursos.

            El clientelismo aparece como mecanismo clave en varios testimonios. Saúl Carayuri, capitán Guaraní de la Zona Cruz[12], lo explica: “Los líderes, les dan algún ítem y ellos no dicen nada, están tranquilos. Pero ya no se preocupan de que si realmente avanza la cuestión educativa”. Este sistema transforma la naturaleza misma de la dirigencia: de representantes de las bases a gestores de recursos estatales. Aunque Saúl también reconoce que los representantes guaraníes “prácticamente hacen caso a los lineamientos de los partidos políticos” o son incluidos únicamente “como bandera”, evidenciando que la participación indígena todavía “no es una participación real”.

            Nelvi Aguilar, del Valle Alto de Cochabamba, añade otra dimensión al problema: “En el tema electoral, antes teníamos la idea de gobernarnos nosotros mismos. Decíamos: ‘Si nosotros mismos nos gobernamos, puede ser mejor’, pero eso parece que se ha perdido”. La pérdida no es solo de un proyecto político sino de la capacidad misma de imaginar alternativas: “Ya no tenemos un objetivo. El interés personal, todos van por su cuenta”.

            La imposibilidad de construir agendas comunes se manifiesta en lo cotidiano. Nelvi continúa: “La gente ya ni quiere ir a las reuniones, porque solo se habla del tema político, de peleas, insultos”. Las dinámicas de confrontación partidaria penetran los espacios organizativos, dejando poco espacio para abordar los problemas concretos que enfrentan las comunidades.

            Esta ruptura organizativa tiene consecuencias generacionales concretas. Como señala René Vargas: “La gente joven ha ido saliendo. Las personas mayores nomás estamos allá”. Sin jóvenes, las organizaciones pierden energía; sin organizaciones fuertes, los jóvenes “han perdido el horizonte”, como describe Saúl Carayuri desde los barrios guaraníes.

            Samuel Flores Cruz, ex curaca de la nación Qhara Qhara[13] y demandante ante la CIDH[14], ofrece una lectura más estructural: el estado plurinacional ha sido “fallido” porque “para que sea un Estado Plurinacional, debe ser con la participación directa de estas naciones y pueblos indígenas”. En cambio, señala, lo que existe es un sistema donde las organizaciones “han sido subordinadas por formalismos como las cartas orgánicas y los estatutos departamentales”.

            Marcela Quisbert conecta esta situación con expectativas no cumplidas: “Desde que ha subido el MAS con tanta fuerza en representación del pueblo indígena, esperábamos que fuera nuestro representante y que llevara adelante. Sin embargo, no fue así”. Su testimonio refleja una sensación compartida de expectativas no cumplidas.

            Pero incluso en este panorama de fragmentación emergen intentos de recomposición. Eva Colque señala procesos de reconstitución en el altiplano: “Se han empezado a identificar como ayllus[15], y ya hay consejo de 12 ayllus, pero no les quieren dar personería jurídica por no pertenecer a una organización matriz”. Estos intentos enfrentan obstáculos burocráticos que parecen diseñados para forzar la articulación con estructuras controladas: “La Gobernación nos quiere dar estructura como sindicato. Ya son tres años que estamos en ese proceso”.

            La fragmentación organizativa que describen estos testimonios revela un proceso complejo donde convergen estrategias estatales de control, dinámicas internas de las organizaciones, transformaciones demográficas y económicas, y disputas por los sentidos mismos de la representación política. No es simplemente imposición desde arriba ni pura descomposición desde abajo, sino un campo de tensiones donde se disputan las posibilidades de acción colectiva autónoma. Como resume Samuel Flores: “El Estado boliviano habla de los indígenas, pero nosotros somos su verdugo”, expresando la paradoja de un estado que dice representar a quienes en la práctica intenta subordinar.

Territorios en disputa: entre la autonomía prometida y la amenaza extractiva

            El agua que beben las comunidades de Escoma, en la provincia Camacho del departamento de La Paz, narra una historia que trasciende las fronteras locales. Eva Colque, de la Fundación Nuna, presenta datos preocupantes: “Hace 30 años se construyeron sistemas de agua para la zona, ahora estamos haciendo análisis y la mayor parte de fuentes de agua potable presenta contaminación de heces fecales y minerales en niveles preocupantes”. La paradoja que señala es reveladora: “No hay minería en el territorio, pero la contaminación viene de lejos. Es la empresa, en el límite con Perú, la que contamina el río Suche y así el Lago Titicaca”.

            Esta imagen del agua contaminada que viene de lejos ilustra las complejidades de la situación territorial en Bolivia: los problemas ambientales no respetan fronteras comunitarias, mientras que las herramientas legales y políticas para enfrentarlos permanecen fragmentadas y débiles. Los territorios están siendo reconfigurados por fuerzas que operan a múltiples escalas, desde lo transnacional hasta lo local, creando dilemas que no tienen soluciones simples.

            Samuel Flores Cruz ofrece un testimonio descarnado desde la nación Qhara Qhara: “En vano tenemos territorios consolidados con TCO[16] como nación Qhara Qhara, la minería está arrastrando con contaminación, conflictos, avasallamientos”. La contradicción entre reconocimiento legal y realidad territorial es evidente: tienen títulos y supuestas prerrogativas, pero eso no detiene las invasiones ni la contaminación. Los casos que enumera revelan la magnitud del problema: empresas transnacionales operando con impunidad, cooperativas mineras expandiéndose, sentencias constitucionales que no se cumplen.

            La referencia al Cerro Rico de Potosí adquiere dimensiones simbólicas en el testimonio de Samuel: “El Cerro Rico, que es de la nación Qhara Qhara según la memoria del Charcas de 1582, está siendo destruido y en poco tiempo seguro se caerá”. El cerro que financió el imperio español sigue siendo devastado, ahora bajo un estado que se proclama plurinacional y defensor de los derechos indígenas.

            Sin embargo, la relación con el extractivismo no es unívoca ni simple. Eva Colque revela una paradoja dolorosa en el municipio de Curva[17]: “A pesar de tener una riqueza inmensa de soportes de vida —agua, trópico, valle, puna— ahora ni para el autoconsumo produce su alimento”. La explicación que ofrece presenta un panorama complejo: “Antes solo dos de 12 ayllus trabajaban minería, ahora son ocho. La mayor parte de jóvenes han ido a la Universidad Indígena en Cochabamba, tienen formación de agrónomos, ingeniería forestal, pero su destino es la minería”.

            Esta transformación revela las presiones económicas que enfrentan las comunidades. Los jóvenes formados para cuidar la tierra terminan en los socavones por necesidad. Las propias comunidades, atrapadas entre la supervivencia económica y la defensa territorial, participan en dinámicas extractivistas que erosionan sus bases de vida. Como señala Eva: “No ven su abundancia, miran a la minería para la plata. No ven a la producción como algo que genera plata, solo para trueque y autoconsumo”.

            Marcela Quisbert añade otra capa de complejidad desde Zongo. Su comunidad enfrenta una doble presión: por un lado, diez plantas hidroeléctricas que ya no contratan personal local (“las plantas ya están mecanizadas”); por otro, cooperativas mineras esperando aprobación: “Si se aprueban estas cooperativas, como es un lugar de serranía, prácticamente va a desaparecer una buena parte”. Lo que describe no es solo destrucción ambiental sino la desaparición de ecosistemas únicos que albergan “plantas medicinales y animalitos muy importantes que no existen en el mundo”.

            La lucha por el territorio se complejiza aún más cuando involucra procesos autonómicos. René Vargas narra el caso de la nación Yampara: “Consolidando nuestro territorio con TCO, tenemos los títulos ejecutoriales”. Sin embargo, cuando intentaron avanzar hacia la autonomía indígena, “los políticos del MAS empezaron a tergiversar la autonomía, llevándola a una autonomía municipal”. El resultado es revelador: “Tarabuco fue aprobada con más de 80% en el referéndum de autonomía, pero ese proceso ha sido dilatado. Se dieron cuenta de que, si se consolidaba la autonomía indígena, no tendrían mayores beneficios en sus líneas políticas”.

            Eva Colque confirma patrones similares desde Curva: “Antes hicimos los estatutos por ayllu y se logró personería jurídica, pero no seguimos la estructura de la Gobernación, sino de la Constitución Política, incluimos ríos, semillas. Ahora te obligan a poner referencias a leyes, son saludos a la bandera”. La autonomía prometida se convierte en un laberinto burocrático que mantiene el control estatal mientras simula reconocer derechos.

            La criminalización aparece como mecanismo de control territorial. Samuel Flores lo expresa crudamente: “El Estado boliviano nos ha atacado con todo. Tengo 24 autoridades demandadas por el INRA[18] por defender su territorio”. Marcela Quisbert confirma el patrón: “Cuando expulsamos al empresario en 2010, hasta este momento tenemos 12 procesos penales. Tenemos cuatro sentencias y una declaración constitucional a favor nuestro, pero los demás procesos siguen avanzando”. La defensa del territorio implica resistir un embate judicial permanente que desgasta recursos y energías organizativas.

            Samuel Flores propone una lectura provocadora sobre el modelo económico: “Supuestamente nos quitan de pagar impuestos, pero el Estado es dueño de los recursos naturales, ese es un engaño grande. Si queremos continuar, estamos de acuerdo para pagar nuestras contribuciones territoriales y así el Estado no meta la mano con concesiones mineras”. Su propuesta sugiere que la exención tributaria es una trampa que facilita el despojo territorial.

            Nelly Romero sintetiza la preocupación desde el Chaco guaraní: “Primer punto en la agenda: buscar que nos garantice la seguridad jurídica de los territorios. Porque si no tenemos territorio, ¿de qué proyección vamos a hablar?”. Pero esa seguridad está constantemente amenazada no solo por actores externos: “Hay muchos avasalladores, traficantes de tierra, incluso algunos hermanos que trafican la tierra a espaldas de nosotros”.

            Felicidad López añade la dimensión histórica desde Bermejo: “Ancestralmente (el territorio) era guaraní, pero con el tiempo se ha ido haciendo de terceros, se han comprado y repartido la tierra, con eso se ha hecho mucha migración a la ciudad”. El despojo territorial aparece como un proceso de largo plazo que combina mecanismos legales e ilegales, con participación de actores externos e internos.

            La situación territorial que describen estos testimonios revela múltiples paradojas del estado plurinacional. Mientras el discurso oficial proclama autonomías indígenas y respeto territorial, la práctica estatal facilita la expansión extractivista a través de mecanismos que van desde la dilación burocrática hasta la criminalización directa. Pero también revela las dificultades internas de las comunidades, atrapadas entre la defensa territorial y la supervivencia económica, entre los títulos que reconocen sus derechos y las fuerzas económicas que los vacían de contenido. Como resume Samuel: “Todas las instituciones públicas siempre han sido contrarias a la nación Qhara Qhara. ¿Por qué? Porque hemos exigido respeto a nuestro territorio. Nos han querido escarmentar”.

Cuando la polarización es una trampa

            Marcela Quisbert Pilco cuenta una anécdota que resume la paradoja política que viven las comunidades indígenas en Bolivia: “Nosotros pertenecemos a la alcaldía de la ciudad de La Paz, y los gobiernos de turno son del MAS y nos dicen que somos de la derecha, y cuando vamos a la alcaldía nos dicen que somos masistas. Por lo tanto, no tenemos ningún ingreso [por proyectos] como [sí tienen] otras provincias”. Atrapados en una polarización que no los representa, los pueblos indígenas resienten una exclusión que trasciende las supuestas diferencias ideológicas entre oficialismo y oposición.

            Esta exclusión no es accidental ni coyuntural. Samuel Flores Cruz la describe con precisión: “Ahí están cogobernando el MAS, yo diría, la izquierda supuesta, y la derecha que están ahí, nunca han querido incluir en las elecciones subnacionales a los indígenas”[19]. Lo que Samuel llama “cogobierno” no refiere a una alianza formal sino a una convergencia práctica cuando se trata de mantener cerrados los espacios de representación directa indígena. Mientras escenifican confrontaciones en medios y calles, ambos polos del espectro político boliviano coinciden en preservar el monopolio de la representación a través del sistema de partidos.

            La crítica a estas lógicas tiene historia. Samuel explica que “la Nación Qhara Qhara impulsó la representación a la Asamblea Constituyente por usos y costumbres, la cual fue negada por el MAS”. Esta aspiración no es caprichosa sino fundamental: “No estaríamos subordinados a organizaciones políticas ni de la derecha ni de la izquierda. Designaríamos de forma directa, desde nuestros usos y costumbres, para que nos representen, no como ahora que llevan a votar a unos representantes que nunca defienden nuestros derechos”.

            René Vargas Llaveca, de la Nación Yampara, complejiza el análisis: “La Nación Yampara no tiene afinidad con ningún partido político. Solo luchan a través de las leyes por sus derechos. No apoya ni a izquierda ni a derecha, solo quiere que los gobiernos cumplan los derechos constitucionales”.

            La experiencia del “gobierno indígena” del MAS hace más dolorosa esta crítica. René continúa: “Qué bien hubiera sido un gobierno con rostro indígena que haya hecho cumplir los derechos de los pueblos indígenas. Ahí sí, tal vez hubiéramos dicho: ‘¿Qué va a pasar si entra la derecha?’. Tal vez hubiéramos tenido temor. Pero si la izquierda ha gobernado a través de un presidente indígena que no ha hecho cumplir los derechos de las naciones y pueblos indígenas, entonces será lo mismo”.

            De ninguna manera se desconocen las diferencias reales entre los proyectos políticos del MAS y la oposición tradicional en temas como política económica, relaciones internacionales o incluso en el discurso sobre lo indígena. Sin embargo, lo que los testimonios revelan es que estas diferencias se diluyen cuando se trata de ceder poder real a las organizaciones indígenas autónomas. Samuel Flores lo ilustra con un caso concreto: “Tenemos diputados, senadores, supuestamente indígenas, que ni siquiera han querido firmar acciones constitucionales para defender derechos. Cuando decimos ‘hagan esta acción de inconstitucionalidad’, tiemblan y no firman porque afectan los intereses de sus patrones o jefes políticos”.

            El testimonio sobre un intento específico es revelador: “Diputados, senadores del MAS y de la oposición no han querido. Excepto en La Paz, un diputado firmó, pero después se arrepintió y dijo: ‘levanto mi acción de inconstitucionalidad’. Imagínense cómo actúan”. La presión desde ambos lados del espectro político logra neutralizar incluso los intentos individuales de romper el cerco.

            René Vargas sitúa esta exclusión en un momento fundacional: la Asamblea Constituyente. “Casualmente no existe representación especial indígena en Chuquisaca ni en Potosí, donde está la Nación Qhara Qhara. Como hemos sido contestatarios a este gobierno, no han garantizado los derechos políticos para las naciones originarias”. La exclusión aparece como castigo por mantener autonomía política.

                        Samuel narra un episodio que ilustra las negociaciones ocultas tras la polarización oficial: “Estaban por aceptar en la ley transitoria nuestra participación directa en Chuquisaca, tanto Qhara Qhara como Yampara. Pero todo dependió de una llamada telefónica. Hubo comunicación de la CSUTCB[20], la Federación de Campesinos y Evo Morales, quien dijo que no podían incluir a los Qhara Qhara porque somos opositores, de la derecha”.

            La etiqueta de “derecha” aplicada a pueblos que luchan por derechos constitucionales revela la perversión del lenguaje político. Como explica Marcela Quisbert: “Evo Morales en ningún momento ha gobernado para los pueblos indígenas, para el pueblo verdadero, sino para la cúpula del colonialismo”. La acusación es fuerte pero refleja una sensación compartida de traición entre quienes esperaban que un gobierno que se autodenomina como indígena significara reconocimiento real de sus derechos.

            Felicidad López resume el sentimiento desde el Chaco: “Si no apoyas a tal partido, y aunque apoyes, te dan el revés después. No hay seguridad. Hemos sido utilizados. Si no sos de un partido político no te dan bola”.

            La dimensión económica de esta exclusión compartida es explicitada por Samuel cuando menciona que tanto oficialismo como oposición aprueban millonarios recursos para el INRA que luego se usan para criminalizar defensores territoriales. Los intereses económicos extractivistas encuentran respaldo en ambos polos políticos, más allá de sus diferencias discursivas.

            Saúl Carayuri ofrece una perspectiva sobre por qué los pueblos indígenas resultan incómodos para el sistema político: “A nosotros nos gusta prácticamente la libertad. Como pueblo no nos gusta que nos den un guion. Y los partidos políticos dan guion: ‘así tiene que ser’ y debemos danzar al ritmo de ellos”. La autonomía real que buscan no cabe en las lógicas de disciplinamiento partidario.

            El resultado de esta exclusión sistemática genera el desencanto que Samuel expresa: “¿Por qué voy a votar? ¿A quién voy a votar? En 2005 voté para que entre Evo. Pero cuando en la Constituyente excluyó a los indígenas, en el referéndum de 2006 no fuimos como Nación Qhara Qhara. No fuimos”. Su conclusión es dura pero coherente: “¿De qué nos sirve tener representación política de un partido que no respeta derechos? Si los derechos no se cumplen en la Constitución, hay que romper la Constitución y el pueblo se levante”.

            La polarización entre izquierda y derecha opera entonces como un mecanismo que, pese a las diferencias reales entre proyectos políticos, converge en la exclusión de formas autónomas de organización política indígena. Los pueblos indígenas, al negarse a un alineamiento automático en los términos de la polarización estatal, revelan que existe otro antagonismo más profundo: entre el estado colonial y las formas de vida y organización política que persisten en los territorios.

Como resume René Vargas: “Cualquiera será lo mismo. Si algún gobierno se anima a hacer cumplir nuestros derechos, ese será el que se respeta”.

Resistencias cotidianas. Volver a la fuerza propia

            “Esto de la crisis, no solo es malo. Otra parte buena tiene”, dice Nelvi Aguilar desde el Valle Alto cochabambino, introduciendo un giro inesperado en su relato sobre las dificultades económicas. “Nos hace ver que nosotros podemos hacer nuestras cosas. No puedes comprar medicamentos, vamos a recurrir a nuestras medicinas, a nuestras plantitas. No tenemos para insecticidas y abonos. Entonces, abono natural y bioinsumos, con eso estamos”. La crisis opera como un sacudón que obliga a recordar capacidades y saberes que los tiempos de bonanza extractivista habían relegado.

            Esta dialéctica entre crisis y recuperación atraviesa varios testimonios. Nelvi continúa: “En la alimentación, lo que no comíamos muchos, como conejo, carne de oveja, estamos consumiendo y está muy bueno”. No es romantización de la pobreza sino redescubrimiento pragmático de recursos propios ante la precariedad impuesta.

            Las mujeres emergen como protagonistas de estas búsquedas. Nelly Romero lo plantea claramente: “Nuestros hermanos han perdido su espacio de representación porque han permitido el avasallamiento, traficar, la negociación con empresas petroleras”. Pero frente a esta pérdida surge una posibilidad: “Ahora nosotras, las mujeres, estamos apropiándonos de estas herramientas, utilizándolas como defensa propia”.

            La distinción que hace Nelly entre defensa y ataque es significativa: “Defender nuestro territorio, porque no podemos regalar lo que nos ha costado la vida”. Las mujeres no buscan simplemente ocupar los espacios que los hombres han abandonado, sino redefinir la naturaleza misma de la dirigencia y la representación.

            Eva Colque narra procesos concretos de recuperación autonómica en el altiplano: “Hay ayllus que quieren autonomía indígena. Solo un ayllu va a lograr ahora su autonomía. Es un proceso más de base. Han empezado a hacer su saneamiento colectivo, solos, sin apoyo institucional”. La autonomía de facto emerge donde la autonomía legal se ha entrampado en laberintos burocráticos.

            El agua aparece como eje articulador de nuevas prioridades comunitarias. Eva cuenta: “Ahora dicen: ‘El POA[21] es para el agua’. Están comprando plantines frutales, se dan cuenta que va a faltar comida”. No es ambientalismo abstracto sino lectura material de la crisis climática desde los territorios.

            Samuel Flores, pese a su dura crítica al estado, mantiene abierto un horizonte de lucha: “Nuestros derechos no los vamos a negociar, sino vamos a pedir que se respeten. Yo sé que es difícil, hay tropiezos, hay los que nos cuartan, y eso tenemos que limpiar”. Su noción de “limpiar” —clarificar, distinguir lo que sirve de lo que estorba— sugiere un pragmatismo radical: “Cualquier artículo de la Constitución que no funciona, hay que modificarlo o cambiar”.

            René Vargas es categórico sobre la persistencia de su lucha: “La nación Yampara nunca perdió la fuerza, sigue teniendo fuerza, continuará luchando, más allá de quien entre de presidente. Los derechos no se renuncian. La lucha de la materialización de los derechos es clave para nosotros”.

            Saúl Carayuri plantea la autonomía en términos económicos concretos: “¿Cuándo vamos a ser sin dueño? Cuando tengamos nuestros propios recursos. Tenemos TCO, tenemos territorio, podemos hacer un plan de manejo y poder llevar un desarrollo productivo guaraní bajo criterio cultural”. Su propuesta no busca volver a un pasado idealizado sino proyectar futuros posibles: “Tendríamos que ser otro Estado. Eso es lo que al Estado central no le gusta”.

            Eva Colque añade una dimensión temporal importante sobre los procesos de transformación: “Cuando llegamos a Curva hace 12 años había mucho temor a los patrones y residentes. Ahora están tomando confianza de avanzar en su manera, ya no dependen tanto de los hijos de los patrones”. El tiempo de la transformación subjetiva no coincide con los calendarios electorales.

            En el Valle Alto, las mujeres establecen reglas concretas para proteger sus espacios organizativos, implementando multas para quienes introduzcan divisiones político-partidarias. Como sintetiza Nelvi Aguilar: “En nuestras reuniones decimos: ‘No se va a hablar del tema político partidario, solo de proyectos, de lo orgánico’. Cuando estamos hablando de riego, de riego”. Esta aparente despolitización es en realidad una repolitización profunda: volver a lo material a la reproducción de la vida, a lo que une en lugar de lo que divide.

            Las resistencias que narran estos testimonios no son espectaculares. Son persistencias cotidianas, búsquedas tentativas, recuperaciones fragmentarias. Pero en su conjunto revelan que la crisis, al desnudar la precariedad de las promesas estatales, también abre posibilidades para volver a las fuentes propias de fuerza. Como resume Nelvi: “No todo es malo en la crisis”.

A modo de cierre. Más allá del vértigo electoral

            Mientras se escriben estas líneas, Bolivia habrá transitado ya por otro proceso electoral. Los resultados, sean cuales fueren, no habrán modificado sustancialmente las realidades que estos testimonios revelan. El agua seguirá llegando contaminada a Escoma, los jóvenes guaraníes continuarán debatiéndose entre la precariedad laboral y las violencias del narcotráfico, las empresas mineras seguirán avanzando sobre territorios con títulos ejecutoriales que el estado reconoce en el papel, pero viola en la práctica.

            Como planteamos al inicio, Bolivia atraviesa una reconfiguración política que trasciende las disputas electorales. Los testimonios recogidos confirman que bajo el ruido de las maquinarias partidarias persisten dinámicas más profundas: organizaciones fragmentadas que buscan recomponerse, territorios disputados entre derechos proclamados y prácticas extractivistas, juventudes que navegan sin horizontes claros, pero con la obstinación de seguir buscando.

            Lo que estos relatos evidencian es que el problema boliviano no se resolverá en las urnas. La crisis trasciende la disputa por el control del estado; es una crisis de los modos mismos de organización política y representación.

            Entender lo que sucede “abajo” requiere superar las lecturas simplificadoras que reducen todo a cooptación o resistencia, a victorias o derrotas. Los testimonios revelan un campo más complejo de negociaciones, acomodamientos y búsquedas donde convergen estrategias estatales de control con dinámicas internas de las organizaciones, transformaciones demográficas con presiones económicas, aspiraciones autonómicas con necesidades de supervivencia inmediata. Esta complejidad no debe paralizar el análisis sino enriquecerlo, permitiendo comprender mejor por qué ciertos proyectos políticos se agotan mientras otros, aunque fragmentarios, persisten y se reconstruyen.

            El vértigo electoral pasará, como han pasado otros. Pero quedará el país real, el de las comunidades que luchan y se adaptan, el de los territorios en disputa permanente. En ese país, más allá de polarizaciones que simplifican y excluyen, se gestan transformaciones lentas y contradictorias que no responden a calendarios electorales sino a temporalidades más profundas.

            Los testimonios aquí recogidos no ofrecen soluciones definitivas ni programas alternativos. Pero sí revelan que en las grietas del orden político dominante persisten y emergen otras formas de entender y practicar la política. Formas que ponen la vida en el centro, que buscan autonomías reales más allá de las proclamas constitucionales, que intentan reconstruir tejidos comunitarios pese a las fuerzas que los fragmentan.

            Estas búsquedas requieren, como sugieren varios testimonios, tiempo y paciencia. El tiempo de la recomposición organizativa no coincide con los ciclos electorales. La reconstrucción de legitimidades no se resuelve con cambios legales. La defensa territorial efectiva necesita algo más que títulos ejecutoriales. Quizás el primer paso sea, como propone Nelvi Aguilar, “volver a lo material, a lo que une en lugar de lo que divide”. O como sintetiza Samuel Flores, “limpiar” lo que no sirve para construir desde lo que persiste.

            Este tiempo de transición que atraviesa Bolivia puede ser leído como parálisis o como apertura. Desde el CEESP estamos convencidos de que la posibilidad de construir futuros distintos pasa por volver a poner en el centro del debate público los temas que realmente importan: no quiénes son los candidatos o qué alianzas tejen, sino cómo enfrentamos la crisis del agua, cómo detenemos el despojo territorial, cómo reconstruimos tejidos organizativos autónomos, cómo imaginamos economías que no dependan del extractivismo. La pregunta no es solo por quién votamos, sino dónde ponemos nuestra energía política cotidiana. Los testimonios aquí recogidos sugieren que esa energía está encontrando cauces en espacios que no aparecen en los titulares: en las asambleas que priorizan el agua sobre las disputas partidarias, en las mujeres que redefinen el poder desde la defensa territorial, en las comunidades que avanzan con autonomías de facto. Visibilizar y fortalecer estos procesos, crear puentes entre estas experiencias dispersas, producir sentidos críticos que trasciendan la polarización estéril, son tareas urgentes para quienes aspiramos a transformaciones de fondo y sostenibles.

            Reconocer estas dinámicas, sin idealizarlas, pero tampoco minimizarlas, es esencial no solo para comprender la Bolivia actual sino para imaginar futuros que no repitan los caminos que nos trajeron hasta aquí. Como sugieren estos testimonios, quizás las transformaciones más significativas no vendrán de arriba sino de estos espacios donde, pese a todo, la vida insiste en defenderse y reinventarse.

[1] El MAS (Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos) gobernó Bolivia entre enero de 2006 y noviembre de 2019, y retornó al poder en noviembre de 2020. Este artículo fue elaborado durante el primer semestre de 2025, en el contexto de las elecciones generales programadas para agosto del mismo año. Después de la primera vuelta se sabe que el MAS no será gobierno desde noviembre de 2025.

[2] https://enclavesalvaje.ceesp.org.bo

[3] Zongo o el Valle de Zongo es una localidad paceña ubicada en el departamento de La Paz, cercana a la Cordillera Real y colindante con Los Yungas.

[4] Los Yampara son una nación indígena de Chuquisaca, Bolivia.

[5] El CONAMAQ es la sigla del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo. Es una organización indígena que representa a las naciones y pueblos indígenas de tierras altas en Bolivia.

[6] La Fundación Nuna trabaja en el altiplano boliviano promoviendo prácticas sostenibles que fortalecen la salud del suelo, preservan su biodiversidad y contribuyen a mitigar el cambio climático.

[7] Se conoce como residentes a comunarios que principalmente residen en las ciudades y visitan esporádicamente las comunidades.

[8] Arakuaiya es el nombre que reciben las personas mayores consideradas sabias en el entorno guaraní.

[9] Mburubicha es el denominativo que reciben las autoridades guaraníes. Este denominativo se usa de manera indistinta con el de “Capitán” o “Capitana”.

[10] La CIDOB, es la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia en tierras bajas del país.

[11] La APG refiere a la Asamblea del Pueblo Guaraní, que se organiza por diferentes Capitanías coincidentes con distintas zonas geográficas. Se divide por áreas departamentales, zonales y comunales. En este caso, Felicidad Romero es Capitana Grande de la zona Bermejo, es decir, es la máxima autoridad de los guaraníes en Bermejo, al sur del país en frontera con Argentina.

[12] La Zona Cruz es una de las Capitanías guaraníes del departamento de Santa Cruz y está ubicada en la periferia de la ciudad de Santa Cruz. Las Capitanías son la forma de organización del pueblo guaraní. Se encuentran capitanías zonales, departamentales, nacionales, etc.

[13] Los Qhara Qhara son una nación indígena ubicada en Potosí y Chuquisaca, al sur del país.

[14] Samuel Flores ha demandado al estado plurinacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por vulneración de derechos humanos de la nación Qhara Qhara, que se encontraba en riesgo de quedarse sin territorio por dotación de tierras a terceros ajenos a la nación. También presentó en abril de 2025 una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional por el derecho de los pueblos indígenas a participar de las elecciones generales.

[15] Ayllu es una forma de organización político territorial de los pueblos indígenas de tierras altas.

[16] TCO es el acrónimo para Tierras Comunitarias de Origen que son territorios reconocidos en Bolivia para pueblos indígenas originarios. Estas tierras son de propiedad colectiva, es decir, que no pueden ser vendidas ni divididas. En la nueva constitución las TCO se denominan como Territorios Indígenas Originarios Campesinos (TIOC).

[17] Curva es una comunidad ubicada en el departamento de La Paz, en la provincia Bautista Saavedra. Se caracteriza por la existencia de médicos tradicionales, denominados popularmente como kallawayas.

[18] INRA es el acrónimo para el Instituto Nacional de Reforma Agraria, que es el organismo responsable de planificar, ejecutar y coordinar las políticas establecidas por el Servicio Nacional de Reforma Agraria.

[19] A pesar de que la Constitución Política del estado (2009) y la legislación electoral boliviana reconocen la democracia comunitaria y establecen su ejercicio mediante normas y procedimientos propios, en la práctica este reconocimiento ha sido extremadamente limitado. La Ley 1096 de Organizaciones Políticas (2018) permite a las organizaciones de naciones y pueblos indígena originario campesinos participar en elecciones subnacionales, pero solo mediante su registro ante el Órgano Electoral, sometiéndose a requisitos burocráticos que contradicen sus propias formas organizativas.

[20] CSUTCB es la sigla de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Esta es una organización de corte sindical campesino que agrupa a diversas comunidades campesinas y sindicales del país y tiene presencia a nivel nacional.

[21] El POA se refiere al Plan Operativo Anual con el que se fijan objetivos y presupuesto para las instituciones públicas del país, entre ellas los municipios.